LA CREACIÓN DE MERCOSUR, así como la implementación de una política económica generalizada aplicada por los miembros, generará un ambiente macroeconómico diferente, que sin dudas requerirá de los agentes económicos acciones de ajuste tendientes a una eficiente adaptación a las nuevas circunstancias. El macroambiente significará condiciones competitivas diferentes, con nuevos riesgos y oportunidades.
La situación también será alterada paralelamente por las políticas de privatización, desregulación y descentralización administrativa.
La empresa, en sus diferentes tipologías deberá reaccionar ante las nuevas "reglas de Juego" para garantizar su sobrevivencia y eventualmente aprovechar las oportunidades que el nuevo marco ofrecerá.
Existe consenso en el sentido de que el sistema MERCOSUR ha sido diseñado e implementado de una manera extremadamente rápida y que ha sido obra de negociaciones conducidas fundamentalmente por entes oficiales y con escasa participación formal de los entes privados representativos de carácter empresarial. El proceso ha sido conducido básicamente por las Cancillerías, con una reciente participación de los Ministerios de Economía. El esfuerzo se concretó rápidamente, a pesar de ser significativamente ambicioso, por contar con apoyo político del más alto nivel. El autor indica que el parque industrial brasileño se compone en un 50% se estatales, 22% multinacionales y 28% empresas privadas nacionales.
Definidas las reglas de juego para la operación de un mercado común en 1.995, la transición servirá a nivel oficial para la implementación del proceso de reducción arancelaria (ya negociado), la eliminación total de barreras no tarifarias, el establecimiento de un arancel externo común y fundamentalmente negociar la condición de la política macroeconómica y la eliminación de asimetrias sectoriales que creen condiciones artificiales de competencia.
El espacio de tiempo es corto y la tarea compleja para la negociación oficial, actuando como factor agravante la inestabilidad macroeconómica que todavía persiste en algunos de sus miembros a pesar de sus políticas económicas que se están implementando para corregirla. Como se indicó, la integración implica una pérdida parcial de autonomía y soberanía en la formulación de la política macroeconómica nacional. El formulador deberá así compatibilizar los requisitos de la coyuntura económica con las necesidades de preservar el marco de la integración.
Es indudable que mientras perdure el apoyo político del más alto nivel a los compromisos de integración, cualquier incompatibilidad o asincronía será resuelta en el marco oficial positivamente y las partes negociadoras sabrán entender los "compromisos" de los agentes oficiales con las políticas domésticas.
Algunas opiniones indican, haciendo referencia a otros proyectos de integración, tanto en América Latina como fuera de ella que los objetivos propuestos son excesivamente ambiciosos y el marco legal demasiado general, por lo cual no creen que los cronogramas establecidos se cumplan. En cambio otros interpretan de una manera diferente, al analizar la presencia de factores altamente positivos como el proceso de consolidación de otros esquemas de integración (Comunidad Europea ¨92, NAFTA, Comunidad del pacífico), la covergencia democrática, la eliminación de la guerra fría, la voluntad política, etc.
Dentro de ese cuadro presente y futuro, cabe la iniciativa privada, crecientemente fortalecida por la implementación de políticas de privatización, "implementar" el proceso de integración mediante acciones a nivel de empresa y organismos de clase. Debe tenerse en consideración que el marco legal y los mecanismos instrumentales establecidos cuentan con el aval de haber sido negociados por gobiernos legítimamente establecidos y que los pasos dados por el Ejecutivo han sido aprobados y legalmente sancionados por el Legislativo, sin observaciones relevantes de carácter constitucional por el judicial.
Corresponde a la clase empresarial asumir una posición clara ante el cuadro definido e institucionalizado conforme los elementos descritos anteriormente. Sobre este particular podrían presentarse dos situaciones extremas; por un lado criticar el modelo a implementarse por su marginación institucional relativa en el proceso de negociación y/o por no concordar con los términos establecidos por no contemplar apropiadamente sus intereses; por otro, asumir una postura positiva de aceptar las reglas de juego, demostrar credibilidad y confianza, y ofrecer todo el apoyo necesario a los centros oficiales para un fine tuning del modelo, e implementación del mismo, tanto por reconocimiento de la validez de la propuesta desde el punto de vista de interés nacional y general, así como de sus intereses particulares. Sin dudas, las reacciones a esperarse y en algunos casos ya manifiestas, serán mezcladas tanto por diferencias de percepción, como por diferencias genuinas en sus intereses. Es un hecho reconocido que el proceso de integración como está concebido afectará de manera diferente a distintos sectores, principalmente en el corto plazo, aunque se supone que todos se beneficiarán en el largo plazo al operar en una economía mayor, más dinámica y eficiente.
Aquellos sectores con ventajas comparativas tendrán oportunidades de crecer, en tanto que los otros deberán enfrentar el proceso doloroso de la "conversión".
Lo peor que podría esperarse, sería una actitud de pasividad e incredulidad generalizada, pensando como algunos sectores que han indicado que "será más un intento de integración sin mayores resultados y consecuencias y en la peor de las hipótesis el Estado nos debe ofrecer concesiones y compensaciones."
Este tipo de actitud sería nefasto, ya que no sólo implicaría una omisión que puede perjudicar sus propios intereses, sino que crearía una confrontación con el interés general contemplado en el proyecto. También debería evitarse que el interés de la clase empresarial sea inapropiadamente interpretado, manifestado y representado por determinados sectores.
En la medida que se establezcan foros apropiados para una fluída negociación Estado-Estado, Estado-Clase empresarial y Clase Empresarial - Clase Empresarial, predominará una actitud de participación, legitimidad y apoyo a las decisiones.
Lo fundamental sería que el macroambiente económico, social y político sea percibido por la clase empresarial como básicamente positivo (estable y altamente confiable) y apliquen estrategias de negocios consonantes que implicarán comportamientos "reactivos", "adaptables" e "innovativos" que se materializarían a través de:
- Desarrollo de nuevos productos.
- Desarrollo de nuevos segmentos mercadológicos;
- Desarrollado de una estrategia dinámica de integración y conglomerado;
de retrointegración (fuentes de aprovisionamiento);
de prointegración (canales de distribución);
de horizontalización (diversificación );
de verticalización ( expansión de actividades similares)
La falta de internacionalización en la mayoría de las empresas latinoamericanas, conforme coeficientes de apertura inclusive altamente concentradas en pocos sectores y agentes económicos de porte, indica la falta de Know - how y experiencia para implementar un sistema de diálogo y negociación con pares de otros países para implementar acciones como las indicadas. El universo de pequeñas y medias empresas cae plenamente en esta categoría.
La falta de diálogo y negociación empresarial durante el proceso de transición, determinará que se llegue a un punto donde será inevitable la confrontación que la desprotección provocará, aumentando el "costo" del AJUSTE, sesgando negativamente la percepción de los beneficios de la integración, dejando pasar oportunidades y generando actitudes que demanden la vuelta a un Estado paternalista y protector.
Es indudable que la actitud y comportamiento a esperarse en el corto plazo, será diferente en el caso de la dirigencia de empresas estatales, empresas multinacionales o internacionalizadas y pequeñas y medianas empresas privadas.
En caso de las empresas con facilidades productivas en más de un país, la liberalización permitirá una mejor división del trabajo y especialización, un mejor aprovechamiento de los factores de producción disponibles en cada país y en consecuencia optimizar sus funciones de producción con las economías de escala que el espacio establecerá. Estas empresas podrían aprovechar comercialmente dicho espacio ampliado, para maximizar las oportunidades que el mismo ofrecerá. Este tipo de empresas apoyó la integración y los acuerdos desde un primer momento.
Las Empresas estatales que como se indicó oportunamente representan casi un 50% del parque industrial, no habrían demostrado una actitud dinámica hacia la cooperación que la integración ofrecería, a pesar de que los tratados contemplan específicamente sectores donde las mismas participan activamente (transporte, comunicaciones, etc) Quizás la explicación para esa actitud sea la inestabilidad e incertidumbre que el proceso de privatización provoca en la dirigencia del sector.
Los objetivos económicos de la integración han sido permitir que las unidades económicas alcancen dimensiones óptimas, beneficiándose de las posibilidades de las economías de escala, lo que permitirá a la sociedad beneficiarse de costos de producción y comercialización menores (beneficio Social) y a las empresas a mejorar su rentabilidad (beneficio privado). Como solamente el beneficio privado y social se igualarían en una estructura de competencia perfecta, el Estado ha debido velar para combatir el monopolio y la cartelización que implicarían, a pesar de los beneficios potenciales en materia de desarrollo tecnológico e inversiones, una concentración del beneficio en favor de la empresa y en detrimento de la sociedad como un todo.
A los fines de facilitar el proceso de comunicación, diálogo y negociación en determinados sectores se ha sugerido que organismos de clase sectoriales como las asociaciones y gobiernos provinciales lleven a cabo estudios sectoriales para evaluar los efectos de las nuevas reglas de juego. Algunas entidades ya han tomado iniciativas en este campo. Este diagnóstico podrá indicar:
- sectores que serán futuramente inviables y que deberán iniciar acciones para reconversión o sustitución de actividades;
- sectores que serán afectados negativamente, pero que mediante acciones de ajuste interno y cooperación podrán sobrevivir;
- sectores que serán beneficiados y que encontrarán un marco apropiado para un rápido crecimiento de negocios.
En general, algunos analistas estiman que Brasil tendría ventajas comparativas en sectores industriales básicos donde juegan fuertemente las economías de escala y Argentina los sectores agropecuarios y agroindustriales.
Joint Ventures. y otras formas de cooperación empresarial internacional.
CICOM Centro Interamericano de Comercialización.
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